Doscientas setenta y cinco mujeres murieron de forma violenta en Guatemala durante el primer semestre de 2011, la mayoría de ellas a manos de un compañero sentimental o un pariente, una estadística que resalta el hecho de que el femicidio –el asesinato de una mujer en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres– sigue siendo parte de la realidad guatemalteca. Ha habido avances en términos legales, de investigación y judiciales, pero aún se observa un largo camino por recorrer.
Bajo la camiseta de rayas negras y azules, el corazón de Lenin Gerardo Julián Tuyuc, de 23 años, palpitaba con creciente intensidad, como el galope desenfrenado de un caballo que comienza a correr con todas sus fuerzas. En el juicio explicaron: No fue él quien disparó, pero sí quien le dijo a su amigo Johnny Elías Pineda, de 27 años, “Mirá, yo que tú…” mientras empuñaba la mano y movía el dedo índice a modo de gatillo, un gesto sugestivo que bastó para que su acompañante sacara el arma y le encajara dos tiros a la muchacha: uno en el cráneo y otro en la cara.
Ese gesto, esas palabras y el hecho de que él ayudó a su amigo a sacar de la tienda el cuerpo de Beatriz Chiloj Morales -la joven novia de Johnny Elías Pineda- y dejarlo tirado sobre la banqueta como si fuera un costal de desperdicios, antes de que ambos se dieran a la fuga, eran los motivos por los cuales ahora se encontraba frente a tres juezas con el poder de decidir si quedaría en libertad o si permanecería en la cárcel, quizás por años. Demasiado tarde para el “hubiera”. La suerte de ambos jóvenes está echada.
Antes de la audiencia, su abogado defensor ya les había advertido que las cosas no pintaban bien. La joven, de 15 años (su nombre se omite por ser menor de edad) que les había servido las cervezas en la tienda Sandrita, en la aldea Sacoj Chiquito, zona 6 de Mixco, había narrado con detalles lo que ocurrió aquélla tarde.
Lenin Gerardo Julián Tuyuc, un joven de cuerpo ancho y cara regordeta, había accedido a prestarle el celular a la novia de su amigo. Cuando la muchacha finalizó la llamada y le devolvió el teléfono, marcó el número y contestó una voz masculina. Colgó. Le advirtió a Johnny Elías Pineda que su novia se estaba comunicando con otro hombre, dato que demostraba, según él, que le era infiel. Simuló con la mano la acción de jalar el gatillo y pronunció aquéllas palabras: “Mirá, yo que tu…”. En cuestión de segundos, Beatriz Adriana Chiloj Morales yacía en el suelo en un charco de sangre. Según la juez presidenta, Ana María Rodríguez, en esta cadena de acciones los acusados mostraron “desprecio y odio (contra la víctima) sólo por el hecho de ser mujer”.
Los familiares de Beatriz Adriana Chiloj Morales, si es que la joven tenía familiares, nunca asistieron al juicio y su muerte no se reportó en la nota roja de los medios de comunicación. Se desconoce cómo era su rostro, dónde vivía, si estudiaba o ejercía un oficio, si tenía amigos, ni qué sueños y anhelos fueron truncados con las dos balas que le segaron la vida.
En la audiencia no se especificó su edad. Posteriormente,cuando se les preguntó el dato a las tres juezas, hojearon el expediente más no lo hallaron. Dijeron que en algún momento a lo largo del juicio se tuvo que haber mencionado, pero no lo recordaban con precisión, sólo recordaban que rondaba los 20 años.
De esta joven sólo se conoce el nombre que figuraba en su DPI, la fecha en que fue abatida a tiros en la tienda Sandrita: el 28 de abril de 2011 y el hecho de que es una de las 275 mujeres que murieron de forma violenta en Guatemala en el primer semestre de este año. Indagar sobre la vida de Beatriz Adriana Chiloj Morales sólo nos conduce a su muerte. Una muerte que según la juez Rodríguez, “se derivó por su condición de ser mujer”.
La joven que sirvió las cervezas a los dos acusados se negó a declarar ante el tribunal por temor- y, por ser menor de edad, el Ministerio Público no podía obligarla. No obstante, la declaración que hizo ante la fiscal Ingrid Esperanza González Vásquez, fue una de las pruebas más importantes que se presentaron durante el juicio.
Cuando llegó el momento de leer la sentencia, Johnny Elías Pineda, un joven flacucho, de baja estatura, ojos saltones y barba rala en forma de candado, permanecía impávido. En cambio, su amigo Lenin Gerardo Julián Tuyuc, temblaba visiblemente.
Johnny Elías Pineda. Femicidio. Treinta y cinco años de prisión inconmutables. Lenin Gerardo Julián Tuyuc. Encubrimiento propio. Tres años.
El semblante de Johnny Elías Pineda, quien según la juez Rodríguez había actuado “fría e irreflexivamente” al momento de quitarle la vida a su pareja, seguía inalterable, mientras que Lenin Gerardo Julián Tuyuc aún respiraba agitadamente, ya no del miedo, sino del alivio. Posteriormente, las juezas explicaron que si la menor de edad que atendía la tienda hubiera declarado ante el tribunal y se hubiera logrado probar sin lugar a dudas que él incitó a su amigo a cometer el femicidio, su condena hubiera sido mucho mayor.
El enfoque de género
El juicio de Johnny Elías Pineda y Lenin Gerardo Julián Tuyuc se llevó a cabo el 30 de mayo de este año en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer del departamento de Guatemala, uno de los tres tribunales especializados que fueron creados en octubre de 2010, en cumplimiento con la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer.
Después de la audiencia, las tres juezas: Ana María Rodríguez, Alba Alvizuris y Miriam Méndez de Blanco, se quitaron la toga. Había sido una jornada larga. Alvizuris, jueza vocal, mostró su agenda, en la cual no había ni un solo espacio vacío, y dijo que atendía entre cinco y seis audiencias diarias.
Actualmente, existen Tribunales de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer en Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango, departamentos que concentran el 45.47 por ciento, el 2.30 por ciento, y el 3.31 por ciento, respectivamente, de las muertes violentas de mujeres en Guatemala.
Al finalizar el año, el OJ espera contar con otros dos tribunales especializados en Huehuetenango y Alta Verapaz, departamentos que concentran, respectivamente el 4.32 por ciento y el 2.45 por ciento de las muertes violentas de mujeres en el país.
Mientras que en los tribunales ordinarios, sólo el 7.5 por ciento de los casos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer reciben sentencia, en los tres tribunales especializados, la cifra se eleva a un 33.8 por ciento.
La clave del éxito, aseguró Rodríguez, es el abordaje de la violencia contra la mujer desde una perspectiva de género que analice cada caso en un contexto sociocultural de inequidad y discriminación que incuba la misoginia, es decir, el odio, desprecio o subestimación de una mujer sólo por el hecho de serlo.
Por ejemplo, en el caso de Beatriz Chiloj Morales, el compañero sentimental que le quitó la vida era un hombre casado, con un hijo. A pesar de ello, para Johnny Elías Pineda, el sólo hecho de que la joven hubiera tenido una conversación telefónica con una persona del sexo opuesto era razón suficiente para suponer que le había sido infiel, matarla y dejar tendido su cadáver a media calle, acciones que, según expresaron las juezas durante la audiencia, denotaron un fuerte machismo –ya que la compañera sentimental es vista como un objeto– y un profundo desprecio por la vida de la víctima.
Con la excepción de dos jueces en Quetzaltenango, los casos que ingresan a estos tribunales especializados son atendidos por juezas, quienes fueron capacitadas en temas de género y justicia por la Escuela de Estudios Judiciales del OJ. “La expectativa que tenemos de estos juzgados y tribunales especializados es grande y radica en que el personal que trabaja allí ha pasado por un proceso de capacitación profundo. Hay vocablos que no se dan en la legislación tradicional y que tienen que ver con la violencia contra la mujer. Eso trata de abrir la mentalidad para combatir los estereotipos que hacen que perdure la violencia, por ejemplo, la idea de que a las mujeres les gusta que les peguen o que sólo a las mujeres pobres les pegan”, explica Hilda Morales Trujillo, jefa del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima del Ministerio Público, quien participó en el proceso de capacitación para los jueces y juezas de los órganos jurisdiccionales especializados.
Justicia con un rostro humano
Las salas del tribunal son luminosas y pequeñas, con no más de ocho sillas para el público, lo cual crea un ambiente acogedor a diferencia de las más amplias, e impersonales, salas de audiencias de los juzgados ordinarios.
En 2010, Guatemala se convirtió en el primer país del mundo en crear órganos jurisdiccionales especializados para conocer los casos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, un requisito establecido porla Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer.
Como explica Angélica Valenzuela, presidenta del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM), la ley impuso ese requisito “para abordar el femicidio de manera especializada, fuera del ámbito de la ley general, así como una determinada enfermedad requiere una atención especializada”.
Esto es lo que se conoce como “justicia diferenciada”, es decir un sistema de justicia que considera que si bien todos los ciudadanos son iguales ante la ley, las diferencias de género, etnia y edad generan necesidades específicas que ameritan un tratamiento especializado.
Las juezas me dieron una visita guiada. Caminamos por un pasillo. A la izquierda hay una puerta con dibujos de Winnie The Pooh y otros personajes infantiles; me asomo por la ventana y veo bolsas de pañales y galletas. Es la guardería donde permanecen los niños mientras las madres declaran, para que la imposibilidad de encontrar quién les cuide a sus hijos no inhiba su participación en el proceso.
Frente a la guardería se encuentra una pequeña cocina donde las juezas refaccionan antes de las audiencias. Más adelante, hay una oficina con un diván blanco, donde la denunciante recibe terapias de relajación con una psicóloga antes de la audiencia. Si la víctima así lo desea, la psicóloga puede permanecer con ella durante la audiencia. “Esto ha fortalecido que las víctimas estén presentes. Antes presentaban la denuncia y luego ya no querían llegar. Hemos logrado que se empoderen y permanezcan en el proceso”, asegura la juez Rodríguez.
El tribunal también cuenta con una trabajadora social, quien le busca a la víctima un albergue donde pernoctar si es necesario y le brinda los contactos de organizaciones especializadas en la atención a víctimas de violencia.
A diferencia de los órganos jurisdiccionales ordinarios, los especializados recopilan datos estadísticos, como la edad y pertenencia étnica de la víctima y su relación con el agresor, los cuales contribuyen a un mejor análisis la violencia contra la mujer.
En los tres tribunales de femicidio, la mayoría de los casos que ingresan corresponden a mujeres en los rangos de edad de 18 a 54 años.En Guatemala y Chiquimula, la mayoría de víctimas y agresores son no indígenas, contrario a lo que se observa en Quetzaltenango.
En los tres departamentos, la mayoría de los agresores son convivientes o cónyuges y parientes (categoría que incluye hermanos, cuñados, hijos, tíos, suegros, primos y abuelos).
Otra novedad: estos tribunales especializados son los primeros en el país que están digitalizando todos los documentos con el fin de ahorrar tinta y papel y emplear los recursos que se ahorran en mejorar el servicio que se le brinda a los usuarios, iniciativa que ya se ha implementado en otros países como Costa Rica.
Avances y tropiezos
Las organizaciones que trabajan para erradicar la violencia contra la mujer valoran positivamente el impacto que han tenido los órganos jurisdiccionales especializados, pero señalan aspectos que hay que mejorar. “La creación de los tribunales de femicidio ha significado un avance en la sanción y eventual erradicación de la violencia contra la mujer. Tenemos una buena herramienta, ahora mejorémosla”, afirma Rootman Pérez, abogado de la Fundación Sobrevivientes.
Pérez hace notar, por ejemplo, que si bien las capacitaciones que se les imparten a los jueces abordan en detalle la aplicación de las teorías de género en el ámbito jurídico, “se descuidó la parte procesal del litigio”, lo cual en algunas ocasiones resulta en “decisiones descontextualizadas del proceso penal y cómo dirigirlo”.
Angélica Valenzuela, presidenta del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM), resalta otros puntos débiles en el sistema: los tribunales especializados aún no operan en todo el país y los casos que llegan a los tribunales han debido pasar por el filtro de los juzgados de primera instancia, los cuales se encargan de calificar el delito y no tienen contacto directo con las víctimas.
Los jueces en esos órganos no han recibido las mismas capacitaciones en materia de género y violencia contra la mujer que han recibido los jueces de los órganos jurisdiccionales especializados. ¿Cuántos casos son erróneamente desestimados en esta fase? Para establecer eso, afirma Valenzuela, sería necesario analizar el curso que siguieron cada uno de los casos que ingresaron al OJ durante un período determinado, una tarea titánica que hasta la fecha, ninguna entidad ha realizado.
Pero el señalamiento más grave es el que plantea la Fundación Sobrevivientes, la cual sostiene que la selección de la terna de jueces a cargo del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer de Quetzaltenango no fue lo suficientemente rigurosa. En abril de este año, la fundación solicitó antejuicio contra los jueces Werner Sac (presidente), Nolbert Fuentes (vocal) y Rafaela Alvarado (vocal) y los acusó de haber cometido prevaricato en el caso del femicidio de Gia Carlota Barrios Pinot, de 13 años, ocurrido en 2011.
Según el expediente del caso, Edgar Haroldo Barrios Cifuentes, padre de la niña, cursaba segundo básico en el colegio Teresa Martín, reportó que había encontrado muerta a su hija en su habitación, pero cuando llegaron los fiscales del MP, les negó la entrada e insistió en llamar a una doctora que pudiera certificar que la niña había muerto de muerte natural. Pero la doctora que se hizo presente y que entró a la vivienda familiar junto con los fiscales del MP, halló el cadáver desnudo de Barrios Pinot, tendido boca abajo en la cama y cubierto con una toalla, en medio de una escena desordenada que denotaba que se había producido un forcejeo antes de su muerte, por lo cual concluyó que la muerte no fue natural.
Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la niña presentaba un cerco excoriativo (marcas en el cuello), múltiples golpes, y “borramiento” de los pliegues anales, lo cual denotaba que había sido violada analmente en repetidas ocasiones. En el diario de la niña, que fue hallado en la vivienda, aparecían dibujos en los que ella aparecía siendo violada, y sus maestros declararon que en varias ocasiones había llegado a la escuela con restos de semen en el cabello.
Un testimonio clave fue el del hermano mayor de la niña (se omite su nombre por ser menor de edad) quien rompió el silencio y admitió que su padre los obligaba a ver material pornográfico y a replicar las escenas entre ellos.
Sin embargo, los jueces no le dieron valor probatorio al informe del Inacif, ya que éste no determinaba si la causa de la muerte había sido suspensión (la defensa de Barrios Cifuentes sostenía que la niña se había suicidado) o estrangulamiento, y el sindicado fue absuelto.
Pero José Molina Canales, fiscal distrital del MP en Quetzaltenango, niega que el caso no haya estado bien sustentado: “Si ese hubiera sido el caso, el sentido común nos lleva a pensar que no hubiera pasado la fase intermedia, donde hay un filtro para evaluar las posibilidades de redefinición del caso. En ese momento, si no hay fundamento no se abre el juicio si no se cumplen los requisitos. Por eso nos sorprendió bastante cuando nos notificaron la sentencia”.
La petición de antejuicio planteada por la Fundación de Sobrevivientes también incluye otros casos, entre ellos, el caso de una mujer mayahablante que fue acusada de haberle mentido al tribunal cuando solicitó un intérprete ya que en algunas actuaciones en el expediente, había logrado expresarse en español. Otro caso es el de una mujer que fue atacada a machetazos por su vecino,quien llevaba meses acosándola sexualmente. A pesar de que el sindicado le había gritado a la víctima “hoy vas a ver que soy capaz de matar”, en febrero de este año recibió una sentencia condenatoria por violencia contra la mujer y no por femicidio en grado de tentativa.
Una petición de antejuicio debe seguir el siguiente proceso: 1) se presenta la denuncia; 2) la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designa a un juez pesquisidor para investigar el caso; 3) el juez pesquisidor envía el informe al pleno de la CSJ; 4) el pleno de la CSJ decide si le quita o no el antejuicio al sindicado. La CSJ ya ha designado a una jueza pesquisidora, pero la Fundación Sobrevivientes presentó un recurso de recusación en su contra, ya que afirma que la jueza tiene vínculos con la terna de jueces de Quetzaltenango y que su informe carecería de imparcialidad. Hasta que no se resuelva ese recurso, no podrá avanzar la petición de antejuicio.
Plaza Pública intentó, en repetidas ocasiones, comunicarse con los jueces Werner Sac, Nolbert Fuentes y Rafaela Alvarado, pero se negaron a dar declaraciones sobre el tema.
La puerta de entrada para acceder a la justicia
Durante el juicio de Johnny Elías Pineda y Lenin Gerardo Julián Tuyuc, mencionado al inicio de este reportaje, la jueza presidenta, Ana María Rodríguez, dijo, en sus conclusiones finales, que el MP había presentado pruebas “circunstanciales, documentales pero, sobre todo, testimoniales”.
Posteriormente, Miriam Méndez de Blanco, jueza vocal, afirmó que “la prueba testimonial sigue siendo la prueba reina”, lo cual evidencia debilidades en el uso de otros tipos de evidencia, como la forense. La jueza explicó que la persecución de un delito es como una cadena en la cual existen dos grandes eslabones: el MP y el OJ; uno sin el otro no puede funcionar y tener jueces sensibilizados en las temáticas de género y órganos jurisdiccionales especializados es tan importante como tener fiscales que sustenten bien los casos.
“Los juzgados y tribunales son el último colador. El punto crítico es el MP”, asegura Angélica Valenzuela, presidenta del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM).
Cuando una víctima acude al MP, su caso debe pasar por las manos de al menos tres fiscales: 1) el que recibe la denuncia; 2) un fiscal que investiga el caso; 3) un fiscal que acompaña el debate durante el juicio.
Valenzuela hace notar que la primera entrevista es de importancia clave ya que es la puerta de entrada al MP y durante la misma el fiscal decide si acepta o no la denuncia y redacta un informe en el cual se basará el siguiente fiscal para investigar el caso.
“El problema es que no motivan a las mujeres a que sigan. Hace unas tres semanas vino aquí una mujer que había acudido al MP y el fiscal le había preguntado: ‘¿Está segura de que usted quiere meter preso a su marido?’ Ha habido casos de mujeres a quienes no les recibieron la denuncia y luego las mataron. El MP sólo actúa cuando la violencia es de nivel tres (violencia física crónica o de una gravedad que requiere atención médica para la víctima), no cuando es de nivel uno (agresiones verbales y violencia psicológica) y dos (arañazos, bofetadas, empujones). Luego, cuando redacta el informe, el primer fiscal va obviando, olvidando y sustituyendo cosas”, asegura Valenzuela.
Hilda Morales Trujillo, jefa del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima del MP, admite que la forma en que los denunciantes son atendidos no siempre es idónea y enumera las medidas que se están tomando para corregir esas deficiencias.
Actualmente, el MP tiene 35 oficinas de atención a la víctima en todo el país y, según Morales, para finales de este año planea abrir 11 más y el servicio que se les brindará a las mujeres víctimas de violencia incluirá atención psicológica y médica (con anticonceptivos de emergencia y antiretrovirales para las víctimas que han sufrido una violación sexual) y las medidas legales que sean necesarias se solicitarán al OJ por fax para que la víctima no tenga que desplazarse hasta un juzgado.
Además, se está ampliando la Fiscalía de la Mujer en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Chimaltenango, Escuintla, y en los municipios de Mixco y Santa Catalina Pinula, con una inversión total de unos Q20 millones (entre Q1.1 millones y Q3.8 por fiscalía). La inversión incluye la ampliación o construcción de nuevas instalaciones y la contratación de fiscales, auxiliares, y trabajadoras sociales.
Morales reconoce que “todavía falta mucho para que se les diga a las mujeres cuáles son sus derechos” y como primer paso para subsanar ese vacío, en 2010 se grabó un video que explica cuáles son los pasos a seguir para denunciar a un agresor y cuáles son los derechos de la víctima.
En 2011, el video se tradujo a los idiomas q’eqchí’, kaqchikel y mam (las comunidades lingüísticas donde se reporta el mayor número de casos de violencia contra la mujer). Sin embargo, el MP sólo cuenta con ocho pantallas en todo el país para proyectar el video.
También existe un folleto explicativo pero sólo está disponible en español. Como la radio es el medio de comunicación con mayor difusión a nivel nacional, este año el MP contrató a 20 intérpretes (anteriormente sólo contaba con 16 en todo el país) y para noviembre de este año saldrán al aire una serie de cuñas radiales transmitidas en las radios comunitarias que informan sobre el proceso de denuncia y los derechos de la víctima.
La importancia de la investigación criminal
Ricardo Guzmán, jefe de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida del MP, la cual procesa los casos de femicidio que se reportan en el departamento de Guatemala (y algunos que se reportan en el interior y que son remitidos a la capital por su complejidad o su vinculación con otros casos),
explica que bajo el mandato de la Fiscal General Claudia Paz y Paz, se crearon dos agencias especializadas en temas de género dentro de la Unidad de Dirección de Investigación de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida.
Otro logro ha sido la difusión del manual Investigación criminal para los casos de violencia femicida, escrito por médicos forenses españoles y publicado en 2011, un texto de 307 páginas en el cual se detalla cómo manejar y proteger la escena del crimen, qué pruebas forenses son particularmente importantes en los casos de femicidio, etcétera.
Guzmán estima que un 10 por ciento de los casos que ingresan a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida corresponden a la muerte violenta de mujeres, pero no todos los casos son automáticamente tipificados como femicidio, ya que para ello es necesario probar que la muerte ocurrió en un contexto de relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y que la víctima fue atacada por su condición de mujer. Esto significa, por ejemplo, demostrar que la víctima tenía una relación sentimental con el agresor y que existía un historial de abuso, o demostrar que una mujer fue violada, muerta y desmembrada por una pandilla por incumplir con determinada orden, cuando en el caso de un hombre no hubiera existido el agravante de la violación y el desmembramiento.
La dificultad estriba en demostrar estos elementos que distinguen el femicidio de un homicidio o de un asesinato. Por ejemplo, en el caso anteriormente citado del desmembramiento de una mujer por parte de una pandilla, Guzmán explica que el MP tendría que encontrar a un pandillero que estuviera dispuesto a testificar que los castigos impuestos por las maras varían según el género de la víctima.
Guzmán afirma que la persecución de bandas criminales ha sido uno de los mayores logros de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida: “En los últimos años, en los casos donde hay una estructura detrás de la muerte se ha llevado a juicio a todos los que participan en la misma, identificando a los que participaron materialmente y a los autores mediatos (intelectuales)”.
A pesar de estos avances, Guzmán admite que existen debilidades como la renuencia de los testigos a denunciar, la contaminación de la escena del crimen por parte de bomberos, policías y curiosos, y la lentitud de los procesos judiciales necesarios para solicitar cierto tipo de información. “A veces se requiere la autorización judicial para requerir información a una entidad como los bancos, empresas telefónicas o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El MP tiene el derecho de requerir esa información, pero a veces insisten en pedir la autorización judicial, lo cual puede tardar horas, días, semanas o meses”.
Mientras que las juezas del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer del departamento de Guatemala, citadas al inicio de este reportaje, señalan al MP de no sustentar adecuadamente algunos de los casos que ingresan al OJ, el MP señala al OJ de lentitud a la hora de procesar las autorizaciones judiciales necesarias que el MP a veces requiere durante el proceso de investigación.
Para mejorar la coordinación y comunicación entre las instituciones, este año el Ejecutivo creó la Comisión Presidencial para el Abordaje del Femicidio (COPAF), conformado por el Ejecutivo, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS), el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y la Secretaría de Bienestar Social.
“La COPAF acompaña el caso desde que se reporta la muerte violenta de una mujer. Le preguntamos al fiscal ¿se hizo el raspado de uñas, el hisopado vaginal, anal y bucal? ¿Se le practicó la prueba de ADN al feto si la mujer estaba embarazada? ¿Se buscaron elementos pilosos y huellas dactilares en la ropa? ¿Había antecedentes de violencia? ¿Se habían dictado medidas de seguridad a favor de la víctima?”, explica Alba Trejo, Comisionada Presidencial para el Abordaje del Femicidio.
Trejo afirma que durante los últimos años, gracias a las capacitaciones que se han realizado para sensibilizar al personal sobre la violencia de género, los fiscales tienden cada vez menos a discriminar a las víctimas en base a su forma de vestir o al lugar donde fue hallado el cadáver, en el caso de una muerte violenta, aunque, explica, la mentalidad machista aún no se ha erradicado por completo: “Hay fiscales más jóvenes y con otra mentalidad, pero ocasionalmente se les sale decir cosas como “la amante” cuando se refieren a una víctima. Recientemente, acompañé el caso de una mujer que apareció muerta en un motel con una botella en el recto y el fiscal comenzó a cuestionar qué clase de mujer andaría en un lugar así”.
La COPAF, explica Trejo, es como el aceite que hace que todos los engranajes de la máquina caminen: “Se les pregunta a los fiscales si quieren más investigadores o si necesitan que se agilicen las órdenes de captura y se coordina con el Ministerio de Gobernación y con la PNC. El femicida ataca y se va, por lo cual es importante actuar con celeridad para buscarlo y arrestarlo”.
Sin embargo, Angélica Valenzuela, presidenta del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM), hace notar que “la Comisionada es una sola persona” y recalca que es importante que las diferentes instancias involucradas en la persecución del femicidio y otras formas de violencia de la mujer deben apropiarse del trabajo que actualmente realiza la COPAF.
Las organizaciones que trabajan para erradicar la violencia contra la mujer califican positivamente la creación de los órganos jurisdiccionales especializados en juzgar la violencia femicida desde la perspectiva de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Pero hacen notar que la persecución de un delito es una larga cadena que comienza con el fiscal del Ministerio Público que recibe la denuncia y termina con el juez y los resultados dependerán de que cada uno de los engranajes del sistema funcione de manera coordinada y eficaz.
Actualmente, pese a los avances que se han logrado en materia de investigación criminal, persisten debilidades en la atención que se le brinda a la víctima y en la sustentación eficaz de los casos en base a pruebas forenses.
Como recalca Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, “la meta es cero muertes y cero impunidad” y todavía falta un largo camino por recorrer hasta que eso se convierta en una realidad.
Por: Louisa Reynolds
Fotografías: Sandra Sebastian
10:17
PuebloCLIC
La naturalización y aceptación de la
violencia en contra de las mujeres son habituales en la región Occidental
de Guatemala y en el Departamento de Sololá. Muchas veces las amenazas y golpes
quedan silenciados entre las cuatro paredes de los hogares. Las mujeres
valientes que se deciden a denunciar enfrentan grandes dificultades como el
miedo ante las amenazas de los agresores o la dependencia económica hacia
ellos, la vergüenza y la presión social o la mala atención y las deficiencias
del sistema de justicia, que provocan que a veces decidan echarse para atrás.
Por eso, todo el respaldo que se les pueda brindar en un momento tan
trascendental como el de la denuncia es poco.
Este primer programa
de atención permanente está coordinado por la Red de Derivación de
Atención a Víctimas de Violencia (1) presente
en las dos fiscalías distritales del Departamento (Sololá y Santiago Atitlán) y cuenta
con el apoyo de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala y con la Facultad de Psicología de la Universidad Mariano
Gálvez. Para su implementación un total de 6 estudiantes en prácticas,
apoyados por un cuerpo colegiado que les supervisa y en articulación con las
organizaciones que conforman la Red, atienden las llamadas de las
instituciones que reciben las denuncias de las mujeres para acudir y poder
brindarles los primeros auxilios psicológicos requeridos.
Benito, añade que el
programa también tiene el objetivo de ir sensibilizando al
funcionariado público para que ejerzan bien y con respeto su trabajo y se den
cuenta de lo delicado de la situación que enfrentan las mujeres atendidas. Por
su parte, la supervisora del área de prácticas de la Facultad de Psicología de
la Universidad Mariano Gálvez, la licenciada Dalia Franco, subraya que estas
deficiencias en la aplicación del sistema de justicia o la falta de recursos
para brindar la seguridad de las víctimas termina afectando la atención
integral que las víctimas deberían recibir.
